Asistencia jurídica (asesoramiento, representación y defensa) de la Abogacía del Estado a la Ciudad a cambio de una contraprestación anual.

Primera.- Objeto. De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, y en el Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal, este podrá prestar asistencia jurídica a la Ciudad Autónoma de Melilla por medio de los Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado. Se exceptúan de esta regla los asuntos contenciosos que se sustancien ante los Juzgados de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo con sede en Melilla, salvo que ofrezcan una notable y singular relevancia para la Ciudad Autónoma, y sin perjuicio de la Ilevanza de recursos devolutivos con las resoluciones de aquellos ante Tribunales de cualquier orden cuya sede no se encuentre en el territorio de dicha Comunidad Autónoma. La Ciudad Autónoma de Melilla colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral entre la Ciudad Autónoma de Melilla y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.